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Estudio Jurídico P U E N T E  &  Asoc. | ABOGADOS

 

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AMBITO FINANCIERO

SU DINERO PERSONAL: Vienen del cielo y no son buitres

 Viernes 11 de Julio de 2014

http://www.ambito.com/diario/noticia.asp?id=749078

Para responder a la consulta de Aparte, contactamos a Sergio Puente, abogado del estudio Puente&Asociados. Si bien lo más usual es que la hipoteca se cancele en forma previa, o simultánea a la compraventa, la existencia del gravamen hipotecario no es un obstáculo para que el bien pueda venderse.
No obstante, desde la órbita comercial, la existencia de una hipoteca será un elemento importante que gravitará sobre las condiciones de la operación, con el consiguiente impacto en el precio, dado que existe un factor adicional de riesgo para el adquirente. Asimismo, es común la existencia de cláusulas de adhesión en el contrato de hipoteca, instrumentado por escritura pública, impuestas por el acreedor y que vedan esta posibilidad, explicó Puente.
El comprador que desee adquirir un inmueble manteniendo el gravamen hipotecario tiene dos opciones, a saber: asumir la deuda o no hacerlo. Según Puente, para el primer supuesto se convierte en deudor del crédito, el cual está garantizado con la hipoteca. Así, responde con su patrimonio, incluyendo el inmueble hipotecado. Por supuesto que, para que esto suceda, debe darse lo que se llama sustitución de deudor, lo cual debe estar aceptado por el acreedor hipotecario, ya que no se le puede imponer al acreedor otro deudor.
De no ser aceptado como deudor por el acreedor hipotecario (podría darse que el vendedor sea más solvente que el adquirente), éste responderá frente al acreedor sólo con el inmueble hipotecado.
En relación con las formalidades, sin perjuicio de los boletos o contratos que se suscriban entre las partes, donde deberá constar la situación de un gravamen, toda transmisión, modificación o constitución de derechos reales debe hacerse por escritura pública. Respecto al boleto de compraventa que suscriban las partes, es muy importante que en el boleto no se omita mencionar expresamente la existencia de la hipoteca.
En caso de no cancelar la hipoteca previo a la venta, la mayor ventaja para el deudor hipotecario, sobre todo aquel que no puede hacer frente al pago radica en poder vender el bien a un precio superior al que obtendría en caso de llegar a la ejecución del mismo; es decir, un remate en el marco de un proceso judicial. Como contrapartida, para el adquirente, la asunción de un riesgo adicional, como es la compra de un bien con un gravamen hipotecario, le permitirá negociar un precio menor al de mercado.

 Viernes 11 de Julio de 2014

http://www.ambito.com/diario/noticia.asp?id=749078

 

AMBITO FINANCIERO

Su Dinero Personal

  Viernes 13 de Junio de 2014

http://www.ambito.com/diario/noticia.asp?id=745146

 

Heredé un campo por parte de un tío que no tenía hijos, pero tiene muchas deudas. ¿Es obligatorio que acepte la herencia o puedo renunciar a ella? ¿Hay manera de saldar las deudas sin tocar mi patrimonio? ¿El seguro de vida se hace cargo de esto?


Para responder a esta consulta, contactamos al abogado Fernando Manganelli, del estudio jurídico AG&M Abogados, y a Sergio Puente, del estudio Puente y Asociados.

Lamentable o afortunadamente, de acuerod al lado del mostrador en que se encuentre, las deudas no se extinguen. Sin embargo, según explicó Manganelli, no hay obligación de aceptar una sucesión con patrimonio negativo. Una opción es analizar si la liquidación de los bienes heredados alcanza para cubrir lo que se debe y evitar así tocar el propio patrimonio. A lo mejor, en el patrimonio del causante hay otras cosas que sirven para saldar la deuda, aclaró.

Puente coincidió, ya que de acuerdo con el código civil argentino, la aceptación de una herencia es voluntaria y, de ser aceptada, sea en forma tácita o expresa, dicha anuencia goza del llamado beneficio de inventario. Es decir, no se confunden los patrimonios del heredero y causante, y las deudas se pagan sólo hasta donde alcancen los bienes de la herencia. Hay supuestos en los que se podría perder el beneficio de inventario por sanción, pero que en principio no aplican al caso planteado, como por ejemplo la realización por parte del heredero de ciertos actos prohibidos por el código o la no realización del inventario cuando la ley lo exige.

En cuanto a las deudas, como en muchos otros ámbitos inmobiliarios, el terreno puede perfectamente venderse con ellas, si las asume otra persona. Incluso puede ser conveniente saldarlas uno mismo, ya que la ganancia por la venta de un campo puede ser muchísimo más grande que lo que se debe, explicó Manganelli.

Para un caso como éste, donde el heredero no es forzoso y podría ser desplazado por uno que sí lo es o por un heredero testamentario desconocido por éste, lo más recomendable es iniciar el proceso sucesorio y, hecha la declaratoria, hacer la venta por tracto abreviado. Esto permitirá que la inscripción en el Registro de la Propiedad se haga directamente a nombre del adquirente, con quien se podrá en estas condiciones llegar a un mejor precio, recomendó Puente.

En cuanto al seguro de vida, hay que analizar cuáles son las condiciones de la póliza, su alcance, el riesgo cubierto, las exclusiones, los supuestos de no cobertura, etcétera. Asimismo, resulta oportuno aclarar que, de existir este seguro, es el beneficiario quien percibirá el cobro, el cual ingresa directamente a su patrimonio sin pasar por la sucesión.

Como sostuvo Puente, el status de Medina es el de heredero no forzoso. Es decir, la herencia del terreno es una consecuencia de la falta de herederos directos o testamentos. Por esa razón, los parientes hasta el cuarto grado, como los hermanos, sobrinos, tíos y primos, pasan a hacerse dueños de los bienes que poseía la persona fallecida. En tanto, si esa persona hubiera hecho lo que jurídicamente se conoce como sucesión ab intestato, el testamento, donde se especifica la voluntad de dejarles los bienes a ciertas personas que no sean familia, el campo tal vez no hubiera caído en sus manos.

 Viernes 13 de Junio de 2014

http://www.ambito.com/diario/noticia.asp?id=745146


 

Sobre el Circuito, la Protección y Tutela de los Datos Personales
Conceptos y tópicos para no ser rehén de un sistema complejo

Existe en la actualidad un circuito de Información Personal y Financiera sumamente intrincado donde intervienen distintos actores y elementos. Como consecuencia de ello, se generan distintas situaciones que, a veces, llegan a provocar perjuicios al honor y al patrimonio de las personas que se ven involuntariamente inmersas en el mismo.

En forma sucinta, y sencilla, trataremos modestamente de explicar como funciona y opera el circuito de los Datos Personales y de la Información Financiera y Crediticia sobre las personas en nuestro país.

Dentro de este circuito, como dijimos, intervienen distintos actores y elementos. Por un lado tenemos a los sujetos, por supuesto, las personas titulares de esos datos, es decir todos nosotros (aunque no lo queramos o no lo sepamos) y las personas jurídicas o físicas, públicas o privadas, que manejan, demandan, proveen, archivan, califican, ponderan, facilitan, trafican y comercializan esos datos.
Por otro lado podría decirse que está el objeto de este circuito, los datos propiamente dichos, y las nuevas tecnologías que facilitan y motorizan el manejo de la información.

El circuito de manejo de los Datos Personales y Financieros, con matices o variantes, básicamente es siempre igual, por ejemplo: una empresa financiera provee al B.C.R.A. (Banco Central de la República Argentina) y/o a alguna empresa privada (las entidades financieras, como los Bancos, están obligadas a remitir esta información al B.C.R.A.), la información financiera de determinado cliente, esta información luego es publicada por el Banco Central y, con posterioridad, obtenida y comercializada por empresas que se dedican a proveer estos datos a quien requiera información sobre sus potenciales clientes.
Como variante de este ejemplo se pueden agregar algunas situaciones: se da el supuesto de empresas no financieras que, por ese mismo motivo, no proveen información al B.C.R.A., si no que lo hacen directamente a las bases de datos privadas, sea sobre datos financieros o personales. Por último, algunas bases de datos obtienen información de otras bases públicas, Cámaras, entidades previsionales, padrones, etc.
A esto se le suma el hecho de que, en muchas ocasiones, complementan este circuito ciertos datos personales que, en rigor, no deberían ser objeto de comercio.

El mayor problema reside, más allá de algunas consideraciones que sobre el manejo propio de la información puedan hacerse y que no son objeto de este breve artículo, en la publicación, actualización y/o rectificación de la información.

El circuito descrito, en si mismo, no es dañino y está pensado precisamente para todo lo contrario. No obstante, quizás por lo intrincado que resulta, quizás por los actores intervinientes, quizás por errores, por factores endógenos o exógenos, para algunas personas, físicas o jurídicas, termina siendo nocivo.

Como ejemplo abstracto de lo mencionado, y sin agotar para nada las distintas situaciones e hipótesis que como consecuencia de este circuito se suceden, podemos mencionar:
" Personas que, siendo clientes regulares de distintas empresas, terminan informados en las diferentes bases de datos como morosos.
" Personas que, habiendo tenido problemas financieros o económicos (sobre todo como consecuencia de la última crisis que atravesara nuestro país) y cancelado sus obligaciones, siguen figurando como deudores en las bases de datos más allá del plazo establecido por la ley. Las bases de datos, privadas en general, suelen conservar los datos históricos, y estaban facultadas para ello, por el término de 2 años. Lo estaban hasta la sanción de la Ley 26343, que viene a modificar a la Ley 25326 sobre este punto.
" Personas cuya calificación, mensura en números, no se compadece con su real situación financiera.
" Personas que, como consecuencia de una estafa o robo de identidad (por lo general esto comienza con la pérdida o robo de documentación) terminan siendo titulares de una calificación financiera pésima por productos que ellos jamás contrataron. Es decir, terceros que con documentación apócrifa gestionan y obtienen productos o servicios a nombre de otra persona que, como es de esperar, sufre graves perjuicios a su honor y/o patrimonio.

Habida cuenta de ello, de lo sensible que resulta la información y de las connotaciones personales y económicas que su manejo genera, esta materia ha sido objeto de regulación normativa. Tan es así que el tema fue receptado por nuestra Constitución Nacional, Art. 43, en la reforma de 1994, y en normativa específica que, como la Ley 25326, Ley de Protección de Datos Personales (Habeas Data), su Decreto Reglamentario 1558/2001 y la reciente Ley 26343, regulan la materia. Además, el tema ha tenido, sobre todo en los últimos tiempos, gran desarrollo jurisprudencial por parte de nuestros tribunales.

Ahora bien, con la reciente sanción de la Ley 26343, modificatoria de la Ley 25326, Art.47, las bases de datos deberán eliminar toda la información crediticia negativa de aquellas personas que hubiesen incurrido en mora entre el 1/12/2000 y el 10/12/2003 y que a la entrada en vigencia de la ley, o dentro de los 180 días posteriores, hubiesen regularizado su deuda. Es decir, todas aquellas personas que encuadren en esta situación pueden exigir la eliminación de la información financiera negativa.

En atención a las distintas situaciones fácticas descritas, de acuerdo a la naturaleza de las circunstancias propias de cada caso y al marco regulatorio vigente, existen distintas maneras de llevar adelante las medidas tendientes a resolver estos problemas. Por ello, antes de efectuar cualquier reclamo, sea una interpelación, un amparo o una demanda por daños y perjuicios, habrá que considerar la situación particular de cada caso a la luz de la normativa vigente con miras a la utilización de la solución o recurso más eficiente y adecuado al caso en cuestión.

Por último, y con independencia de los reclamos mencionados precedentemente, también se podrá realizar la correspondiente denuncia en la autoridad de aplicación.

Buenos Aires, 10 de Enero de 2008

Diario EL SIGLO, Tucuman, 7 de Febrero de 2008

Ver más en: Protección de Datos Personales

Dr. Sergio Puente
Estudio Jurídico P U E N T E y Asoc.
srpuente@puenteyasoc.com.ar
www.puenteyasoc.com.ar/

 

 

Breves Reflexiones sobre el Control de Constitucionalidad en la Argentina

Algunos autores como Bidart Campos, Sagués y Bazan proponen la declaración de inconstitucionalidad de oficio por parte de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, resaltando la necesidad de preservar la supremacía constitucional. También esto ha sido sugerido jurisprudencialmente en más de una ocasión a través de opiniones como las de Petracchi, Belluscio y Boggiano. Otros juristas, por el contrario, se oponen porque estiman que esto importaría un tribunal con facultades extraordinarias, no conferidas en nuestra Constitución Nacional por el poder constituyente, actuando como legislador negativo contra lo expresado, a través de la ley o decreto, por los poderes imbuidos de mayor representatividad. Esta posición sostiene que la titularidad de la acción de revisión judicial está en cabeza del ciudadano y hacer uso de este ejercicio corresponde a su zona de reserva. Es decir, el ciudadano es el titular de la acción y no el juez. La doctrina Europea, en especial la española, es contraria a la declaración de oficio conforme la opinión de Tomas y Valiente.

Asimismo, nuestra Corte ha variado su postura en relación al tema que nos ocupa a lo largo del tiempo. A diferencia en lo ocurrido en 1941 en el fallo de "Los Lagos", donde la Corte Suprema de Justicia desarrolló en plenitud la doctrina del control constitucional a pedido de parte, doctrina que prevaleció durante décadas, en fallos más recientes la Corte ha admitido lo contrario. Esto se observa en fallos como el de Mill de Pereyra y en Banco Comercial de Finanzas S.A., aduciendo en este último que el decreto en cuestión había sido declarado inconstitucional con anterioridad por la misma Corte.

De Oficio o Peticionada. Esa no es la cuestión
Las distintas posiciones enunciadas precedentemente, tanto la de los que propenden la declaración de inconstitucionalidad de oficio como la de los que no, tienen todas un argumento sólido que puede seducir en la toma de una u otra posición. Por ello creo que el problema, quizás, sea precisamente ese: la creencia en la necesidad de enrolarse en una u otra posición, a favor o en contra.
No creo que esta polarización, en tanto se mantenga extrema, sea útil a los efectos de determinar que es lo más conveniente. En realidad, y por lo general, ninguna polarización es muy útil, toda vez que en virtud de esta se impide encontrar un equilibrio. Siempre que la discusión va de un extremo a otro es muy difícil llegar a un acuerdo. Esto no solo se advierte en discusiones doctrinarias y jurisprudenciales, también se observa en nuestra sociedad, en cada discurso que adquiere notoriedad o trascendencia, también en muchos debates que no la adquieren, inclusive en las charlas de café,…o se está de acuerdo o en contra.

No creo que esto deba ser así. En tanto y en cuanto nos mantengamos en posiciones extremas y no busquemos un equilibrio basado en el verdadero interés de las partes, difícilmente se llegue a una solución que satisfaga a todos. La polarización de ideas basada en posiciones, así como los extremos, no hacen más que distanciar a los interlocutores de la alternativa ecléctica, el "gris", la intermedia y he aquí la solución. Por una cuestión de comprensión el hombre suele encasillar, encapsular, definir en bueno o malo, positivo o negativo, débil o fuerte, cuestiones que no siempre son tan opuestas o categóricas. Quizás sea bueno tener presente la opinión de G. Sartori cuando dice que las mentes vacías se especializan en el extremismo intelectual.

Creo que para el caso particular del control de constitucionalidad, el hecho de que este sea o no declarado de oficio por un juez, o por la corte, debe ser una cuestión circunstancial, dependiente de cada caso, de sus implicancias, de su coyuntura, de la gravedad institucional y de la previsión de sus consecuencias. Es decir la declaración a petición de parte es buena, y se colige con la zona de reserva del individuo que ejerce al peticionar al juez, pero también lo es la declaración de oficio, ya que de lo contrario la Corte o los jueces sólo serían guardianes de los derechos subjetivos particulares, y así como en las sentencias se debe evaluar la naturaleza de las circunstancias de cada caso, a los efectos de esta declaración creo que también. Un juez no debería mantenerse impávido ante una norma o acto eminentemente inconstitucional sólo porque nadie peticionó que se expida. Conforme la actual normativa se puede declarar de oficio la inconstitucionalidad en el ejercicio del H. Corpus, pero si así no lo fuera, seria bueno que un juez, con conocimiento de la cuestión no lo haga por un problema menor de procedimientos o regulación? Piénsese cuan útil hubiese sido la posibilidad, reconocida en función de las circunstancias, de la declaración de inconstitucionalidad de oficio durante la época de facto. Seguramente hubiese salvado más de una vida, sólo con una estaría más que justificada.

En virtud de lo modestamente expuesto creo que lo sano no es ver en que posición nos enrolamos, de que lado estamos, aunque a veces excepcionalmente es necesario hacerlo, si no como, de que manera se llega a una solución que sea útil, duradera, eficaz y a la vez con suficiente flexibilidad para amoldarse a las distintas y crónicas situaciones de crisis por las que suele atravesar nuestro país.

 

INFO - FET, Tucuman, Abril 2008

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